Por ahora, lo que hay sobre la mesa son señalamientos. Pero son señalamientos de una gravedad que exige respuestas claras.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, de tener vínculos con el crimen organizado y aseguró que comunicó sus sospechas a la presidenta Claudia Sheinbaum. Después, una columna de Héctor de Mauleón en El Universal expuso una versión todavía más delicada: según fuentes de seguridad citadas por el periodista, un informe federal ubicaría a Montiel en una presunta reunión con Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, en Guadalupe y Calvo, a principios de 2024.
La versión sostiene que en ese encuentro se habría negociado la intervención de Los Salazar en las elecciones de ese año para favorecer a candidatos de Morena, a cambio de permitir que el grupo controlara una franja del territorio chihuahuense. También se menciona la supuesta presencia de Juan Carlos López, subsecretario de Seguridad Pública federal.
Son acusaciones que no deben presentarse como hechos comprobados: la propia columna las atribuye a fuentes de seguridad y a un informe cuya existencia se describe en el texto. Pero, precisamente por su gravedad, tampoco pueden despacharse con una respuesta partidista.
Los 24 gobernadores de Morena calificaron los señalamientos como producto de “frustración y diferencias políticas” y denunciaron un intento de manchar la honra de quienes sirven a la nación. Esa defensa expresa la postura del partido; no despeja por sí sola las dudas planteadas.
Cuando se habla de posibles acuerdos entre actores políticos y grupos criminales, la ciudadanía merece algo más que acusaciones y descalificaciones. Merece saber qué elementos existen, quién los respalda y si hay una investigación que permita distinguir entre una denuncia sustentada y una disputa política.
Fuente: columna de Héctor de Mauleón, El Universal, 26 de octubre de 2026.
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