En cualquier país con un sistema de salud funcional, la destrucción de medicamentos es un procedimiento regulado, documentado y, sobre todo, excepcional. En México, sin embargo, se ha convertido en un símbolo incómodo de algo más profundo: la incapacidad del Estado para garantizar el acceso oportuno a tratamientos esenciales.
Hace unos días, Birmex retiró del almacén del IMSS —ubicado frente a la Central Camionera del Norte— aproximadamente 45 toneladas de medicamentos oncológicos caducos. Los fármacos fueron trasladados en dos tráileres a Celaya, Guanajuato, donde fueron incinerados. De acuerdo con testimonios, a los trabajadores se les retiraron sus teléfonos celulares para evitar registros visuales del proceso. La escena, más allá de lo operativo, plantea preguntas que aún no tienen respuesta.
El dato más inquietante no es únicamente la destrucción en sí, sino el contexto en el que ocurre.
México atraviesa desde hace años un problema persistente de desabasto de medicamentos, particularmente en áreas críticas como la oncología. Pacientes, familiares y organizaciones civiles han documentado la dificultad para acceder a tratamientos básicos, obligando en muchos casos a recurrir a compras privadas o a suspender terapias. En ese entorno, la imagen de toneladas de fármacos siendo eliminados inevitablemente genera una tensión difícil de ignorar.
El argumento técnico es conocido: los medicamentos caducados no pueden utilizarse y deben ser destruidos para evitar riesgos sanitarios. Es un principio válido. Pero ese razonamiento no responde la pregunta central: ¿cómo se llegó a ese punto?
La caducidad masiva de medicamentos suele ser el resultado de fallas en la planeación, adquisición y distribución. Es decir, no se trata de un evento aislado, sino de la manifestación final de una cadena de decisiones deficientes. Cuando esto ocurre en un contexto de escasez, el problema deja de ser logístico y adquiere una dimensión ética.
Durante los últimos años, la política de compras y distribución de medicamentos en México ha sido centralizada bajo el gobierno de MORENA, con el objetivo de combatir la corrupción y mejorar la eficiencia. Sin embargo, los resultados han sido cuestionados de manera constante por expertos, pacientes y personal médico. El desabasto prolongado y los episodios como el de Celaya sugieren que los objetivos iniciales no se han traducido en un sistema más confiable.
Más preocupante aún es la opacidad.
La presunta restricción de dispositivos a los trabajadores durante el proceso de incineración, de confirmarse, no contribuye a generar confianza. En sistemas democráticos, las decisiones relacionadas con la salud pública requieren el mayor nivel de transparencia posible, especialmente cuando involucran recursos críticos.
El caso obliga a una reflexión más amplia sobre la gestión pública en materia de salud. No basta con justificar procedimientos técnicos; es indispensable evaluar las condiciones que los hacen necesarios. La destrucción de medicamentos en un entorno de escasez no es únicamente una contradicción operativa, sino una señal de desarticulación institucional.
El gobierno de MORENA enfrenta aquí una prueba relevante: explicar no solo qué ocurrió, sino por qué ocurrió y cómo evitar que se repita.
Porque en temas de salud pública, los errores no son abstractos. Tienen consecuencias directas, medibles y, en muchos casos, irreversibles.
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