Ya no es advertencia ni posibilidad: es un hecho consumado. El Senado de la República ha declarado la validez de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como el “Plan B”, cerrando así un proceso que, lejos de fortalecer al sistema democrático, deja una sensación de desgaste institucional y de rendición progresiva.
Lo que comenzó como una ambiciosa reconfiguración del sistema electoral —que incluía la eliminación de legisladores plurinominales y ajustes a mecanismos como la revocación de mandato— terminó diluido, recortado y negociado. Ni siquiera sus propias filas lograron sostener la versión original. El resultado: una reforma fragmentada que avanza, pero sin consenso sólido ni claridad estratégica.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, confirmó la recepción del expediente aprobado previamente por la Cámara de Diputados, formalizando modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución. La validación en 19 congresos estatales fue suficiente para cerrar el trámite legislativo, pero no para disipar las dudas de fondo.
Entre los cambios, se redefine la integración de regidurías municipales, se impone un tope presupuestal a los congresos locales —limitado al 0.70% del gasto estatal— y se establece una reducción gradual del 15% en el presupuesto del Senado. Además, se fija que ningún funcionario electoral podrá percibir un salario superior al de la presidencia.
Sobre el papel, suena a austeridad y orden. En la práctica, abre un escenario incierto. Los recortes y límites presupuestales podrían traducirse en debilitamiento operativo de los órganos legislativos y electorales, justo en un momento donde la confianza institucional ya muestra signos de erosión.
El “Plan B” no llega como solución, sino como síntoma. Síntoma de un sistema político tensionado, de acuerdos a medias y de una reforma que avanza más por inercia que por convicción colectiva. Lo que queda no es una victoria legislativa clara, sino una reconfiguración que deja más preguntas que certezas.
Y en ese vacío, el costo no es abstracto: lo paga la credibilidad democrática.
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