En México, la tragedia de las desapariciones no solo se vive en la ausencia de miles de personas, sino también en la forma en que el propio Estado decide administrarla, narrarla y, en los hechos, diluirla. Bajo la conducción de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, comienza a consolidarse una lógica inquietante: si no es posible reducir la crisis en la realidad, se intenta reducirla en los registros, desplazando el problema del terreno de la urgencia humana al de la ingeniería administrativa.
La estrategia de reclasificación de casos dentro del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, particularmente mediante categorías como “datos insuficientes”, no puede entenderse como un simple ajuste técnico orientado a mejorar la calidad de la información. En un país donde la desaparición implica precisamente la falta de datos, de certezas y de respuestas, utilizar esa misma carencia como criterio para modificar el estatus de una persona equivale, en términos sustantivos, a excluirla del reconocimiento oficial de la crisis sin haber resuelto su paradero. Este tipo de decisiones no corrigen el problema, sino que lo trasladan fuera del campo visible, generando una reducción artificial en las cifras que no se corresponde con la realidad que enfrentan las familias.
En este contexto, la responsabilidad política de la titular de Gobernación es directa, no solo por la implementación de estos criterios, sino por el mensaje que envían. Cuando la prioridad institucional se centra en reorganizar expedientes en lugar de acelerar búsquedas, en depurar bases de datos en lugar de fortalecer investigaciones, lo que se configura es una política pública orientada a administrar el impacto del problema y no a resolverlo. Dicho de otra forma, se está optando por hacer que haya menos desaparecidos en el papel, aunque eso implique dejar intacta —o incluso agravar— la crisis en los hechos.
Esta lógica encuentra eco en la relación con los colectivos de búsqueda, quienes han documentado de manera consistente la falta de resultados concretos en los espacios de diálogo con autoridades. Las mesas de trabajo, que en teoría deberían funcionar como mecanismos de articulación para la localización de personas, han sido percibidas como instancias donde se escucha sin traducir ese ejercicio en acciones efectivas. La consecuencia de esta dinámica no es menor, ya que contribuye a reforzar la idea de que el Estado no solo es incapaz de resolver la crisis, sino que tampoco está dispuesto a modificar las condiciones que la perpetúan.
A lo anterior se suma la postura frente al escrutinio internacional, donde la resistencia a reconocer plenamente la persistencia de la desaparición forzada como fenómeno estructural revela una tendencia a proteger la narrativa oficial antes que a confrontar la dimensión real del problema. Negar o minimizar la crisis no la reduce; por el contrario, limita la posibilidad de construir respuestas integrales y sostenidas en el tiempo. En este sentido, la estrategia no solo afecta la percepción externa del país, sino que también impacta la confianza interna en las instituciones encargadas de procurar justicia.
El resultado de este conjunto de decisiones es profundamente preocupante, porque configura un escenario en el que las personas desaparecidas corren el riesgo de ser borradas dos veces: primero en la realidad, y después en los registros oficiales. Cuando el Estado opta por reclasificar en lugar de resolver, por ajustar cifras en lugar de enfrentar causas, lo que se está haciendo no es gestionar la crisis, sino administrarla políticamente para reducir su costo.
Por ello, afirmar que hoy se está “desapareciendo a los desaparecidos” no es una consigna retórica, sino una descripción de una política que privilegia la contabilidad sobre la verdad. Y en ese proceso, la figura de Rosa Icela Rodríguez queda inevitablemente asociada a una etapa en la que el Estado mexicano, en lugar de ampliar su capacidad de respuesta ante una tragedia nacional, optó por reducir su visibilidad en los registros.
Porque una crisis de esta magnitud no se enfrenta corrigiendo bases de datos, sino encontrando personas, reconstruyendo historias y garantizando justicia. Todo lo demás, por más técnico que parezca, termina siendo una forma de evasión institucional.
Deja una respuesta