Jorge Gómez Naredo cobra más de 100 mil pesos al mes entre el gobierno de la CDMX y Morena, mientras otro reportero oficialista pide aumento en la mañanera
Documentos filtrados revelan que Jorge Gómez Naredo, colaborador del canal Capital 21 y asesor del Partido Morena, percibe mensualmente más de 100 mil pesos provenientes de recursos públicos y partidistas de forma simultánea.
Según los contratos exhibidos, Gómez Naredo recibe $69,600 pesos a través del Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México (SMPCDMX/PSP/032/2025), dependiente del gobierno de Clara Brugada, y otros $41,400 pesos directamente de las arcas del Partido Morena, mediante un contrato de servicios profesionales por honorarios con vigencia del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2025.
En total, el también conocido como @jgnaredo —ironizado en redes como «uno de los 15 millones que salió de la pobreza con Morena»— suma $111,000 pesos mensuales entre ambas fuentes.
Jorge Gómez Naredo se mete más de 100 mil pesos mensuales entre los 69,600 pesps que le cobra al gobierno de @ClaraBrugadaM en @Capital21_Tv y los 41,400 que le cobra a @PartidoMorenaMx @jgnaredo es uno de los 15 millones que salió de la pobreza con Morena. 🤣 pic.twitter.com/ZqUI04jJBs
— Jorge García Orozco (@jorgegogdl) May 15, 2026
Como si esto fuera poco, este viernes circuló en redes sociales un video en el que el reportero Vicente Serrano acudió a la conferencia mañanera para, «con todo respeto», solicitar abiertamente un aumento de sueldo, aprovechando el espacio informativo oficial.
La escena desató la indignación de usuarios y comunicadores, quienes señalaron la paradoja: periodistas cercanos al poder que ya cobran sueldos elevados pagados por los contribuyentes, y aún así utilizan los foros oficiales para exigir más.
😂😂😂
— Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx) May 15, 2026
Así, descaradamente, un reportero a modo fue a la mañanera a pedir aumento de sueldo.
Y todavía lo hizo “con todo respeto”, abusando del espacio informativo oficial.
Pffff… pic.twitter.com/TdGPw1PQ3O
Ambos casos alimentan el debate sobre la línea entre el periodismo independiente y los comunicadores que operan como extensión propagandística de gobiernos y partidos, especialmente cuando son financiados con dinero público.
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