El gobierno de Rubén Rocha Moya enfrenta su momento más delicado. Una acusación presentada por fiscales en Estados Unidos coloca no solo al mandatario, sino a varios funcionarios y exfuncionarios de su entorno, en el centro de un caso por presunto narcotráfico, armas y violencia vinculada al Cártel de Sinaloa.
El señalamiento —presentado ante una corte federal en Nueva York— sostiene que los acusados habrían utilizado sus cargos para facilitar operaciones delictivas y brindar protección institucional a dicha organización. Se trata de acusaciones que deberán probarse en el debido proceso judicial, pero cuyo impacto político ya es inmediato.
Los nombres: del círculo político a la acusación
Entre los señalados por autoridades estadounidenses aparecen perfiles que han ocupado posiciones clave dentro del gobierno estatal y corporaciones de seguridad:
- Enrique Inzunza Cázarez
- Enrique Díaz Vega (exsecretario de Administración y Finanzas)
- Dámaso Castro Zaavedra (subfiscal estatal)
- Marco Antonio Almanza Avilés (exjefe de investigación)
- Alberto Jorge Contreras Núñez (“El Cholo”)
- Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad Pública)
- José Antonio Dionisio Hipólito (“El Tornado”)
- Juan de Dios Gámez Mendívil
- Juan Valenzuela Millán (“Juanito”)
De acuerdo con la acusación, varios de estos perfiles habrían ocupado posiciones que les permitían influir directamente en la seguridad pública, la procuración de justicia y la operación del gobierno estatal.
El círculo cercano ya señalado
El caso adquiere mayor relevancia al cruzarse con la estructura política que rodea a Rocha Moya.
Figuras como Enrique Inzunza Cázarez —considerado uno de los operadores más cercanos al gobernador— ya formaban parte del núcleo de poder estatal. Su inclusión en la acusación internacional conecta directamente el círculo político con los señalamientos judiciales.
Asimismo, actores institucionales como Juan de Dios Gámez Mendívil reflejan el alcance territorial de este grupo dentro de Sinaloa.
El señalamiento más grave: política y crimen
La acusación va más allá de la operación gubernamental. Autoridades de EE. UU. sostienen que el grupo criminal conocido como “Los Chapitos” habría intervenido en el proceso electoral que llevó al poder a Rubén Rocha Moya, mediante presuntas acciones de intimidación contra opositores.
Además, el documento judicial plantea que, ya en funciones, el mandatario habría sostenido reuniones con miembros de la organización para acordar protección a sus actividades.
Estas afirmaciones forman parte de la acusación y deberán ser probadas ante tribunales estadounidenses.
Un patrón bajo cuestionamiento
Más allá de los nombres individuales, el caso dibuja un posible esquema:
- Funcionarios en posiciones clave
- Control de áreas estratégicas de seguridad
- Coordinación política interna
- Señalamientos de protección a estructuras criminales
Este tipo de configuración —de comprobarse— implicaría una captura institucional de alto nivel.
Silencio oficial y presión internacional
Hasta ahora, ni el gobierno estatal ni autoridades mexicanas han emitido una postura detallada sobre estas acusaciones. El proceso está en manos de una corte federal en Nueva York, encabezada por la jueza Katherine Polk Failla.
Mientras tanto, el caso ya trascendió el ámbito judicial para convertirse en un problema político de escala internacional.
Más que una acusación
En Sinaloa, el poder siempre ha sido un tema sensible. Hoy, con estos señalamientos, el debate ya no es solo local.
Es sobre quién gobierna realmente… y bajo qué condiciones.
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