Hay una imagen que vale más que cualquier alegato: el Poder Judicial de la Federación, ese que se supone vigila que la ley se cumpla, depositando puntualmente más de 700 mil pesos al mes en la cuenta de un hombre señalado como el prestanombres predilecto de los hijos del expresidente. Mes tras mes. Durante casi cinco años. Sin que nadie, al parecer, encontrara nada raro en ello.
El edificio está en Villahermosa. El contrato se firmó en mayo de 2018. Cincuenta y siete meses de renta, más de 40 millones de pesos en total, y el beneficiario es Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño al que múltiples investigaciones periodísticas ubican como operador central de «El Clan», la red de negocios y tráfico de influencias que, según esos reportajes, funcionó como caja chica privada de Andy y Gonzalo López Beltrán durante el sexenio de su padre.
No es un señalamiento menor ni aislado. Olán comparte representante legal con Andy López Beltrán en una empresa de materiales. Aparece detrás de «Cabo Paraíso», un fraccionamiento residencial de lujo proyectado a dos kilómetros de la Refinería de Dos Bocas, a través de su empresa Aman Desarrollos. Los audios que Latinus lleva publicando desde 2023 lo muestran negociando contratos, reuniéndose con secretarios de Estado y coordinando negocios en el Tren Maya, Pemex y la Sedena. No como un empresario que aprovecha contactos. Como alguien que opera desde adentro porque adentro es exactamente donde siempre estuvo.
Y lo que se operó no fue solo dinero. Fue también impunidad con consecuencias físicas. En esos mismos audios, Pedro Salazar Beltrán, primo de los López Beltrán, se ríe mientras explica que el balasto vendido al Tren Maya nunca pasó las pruebas de calidad. «Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo», dice, entre carcajadas. El tren se descarriló. Más de una vez. Hubo muertos. Nadie ha rendido cuentas.
La Fiscalía General de la República sostiene que no tiene investigaciones abiertas contra Amílcar Olán. Es una frase que en este país tiene un significado muy preciso: no que sea inocente, sino que hasta ahora ha sido intocable. La diferencia importa.
Lo que queda es una pregunta simple y sin respuesta oficial: ¿cómo es que el mismo poder del Estado encargado de impartir justicia terminó financiando, mes a mes, el patrimonio del hombre que presuntamente le administraba los negocios a la familia presidencial? ¿Casualidad? ¿Descuido? ¿O exactamente lo que parece?
Los 40 millones ya salieron de las arcas públicas. El edificio sigue rentado. Y Andy López Beltrán, hasta donde se sabe, sigue sin tener que explicar nada.
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