El nuevo endurecimiento del régimen antilavado no es un error técnico, ni una consecuencia imprevista de una política bien intencionada, sino una decisión deliberada que revela con claridad hacia dónde se dirige el ejercicio del poder: no hacia las estructuras criminales que operan fuera del sistema, sino hacia los ciudadanos que sí están dentro de él y que, por esa misma razón, resultan más fáciles de vigilar, presionar y castigar.
Se insiste en el discurso de combatir a los cárteles, de cerrar espacios al dinero ilícito y de fortalecer la legalidad, pero la realidad es que el nuevo reglamento antilavado no va contra el Chapo ni contra los grandes lavadores de dinero, porque esas redes no dependen de los mecanismos que hoy se están reforzando, no operan bajo la lógica de la facturación, ni se someten a los controles administrativos que el Estado ha decidido endurecer; va contra ti 🫵🏻, contra el pequeño y mediano contribuyente que ya está registrado, identificado y obligado a responder ante cada requerimiento de la autoridad.
No se trata de un daño colateral, sino del objetivo central, porque el diseño mismo de las medidas apunta a ampliar el control sobre quienes cumplen, multiplicando obligaciones, reduciendo márgenes de defensa y permitiendo que la autoridad actúe con base en sospechas amplias, criterios discrecionales y procedimientos que colocan al ciudadano en una posición de vulnerabilidad frente a decisiones que pueden afectar su patrimonio sin una intervención judicial previa.
El gobierno sabe perfectamente dónde están los grandes flujos de dinero ilícito y también sabe lo difícil que resulta enfrentarlos, por lo que opta por el camino más sencillo: trasladar la carga de la fiscalización hacia quienes no pueden esconderse, hacia quienes tienen RFC, cuentas bancarias visibles y operaciones trazables, construyendo así un sistema donde el cumplimiento no protege, sino que expone.
En este esquema, el mensaje deja de ser implícito y se vuelve evidente: no importa si eres culpable o no, importa que seas accesible para el aparato administrativo, porque es ahí donde el Estado puede ejercer su poder sin resistencia real, sin los costos políticos de confrontar a estructuras criminales y sin la necesidad de probar, en el momento, la existencia de un delito.
La narrativa oficial habla de legalidad, pero la práctica revela otra cosa: un uso intencional de la regulación para someter, para disciplinar y para mantener bajo control a quienes sostienen la economía formal, obligándolos a navegar un entorno cada vez más hostil, más complejo y más incierto, donde cualquier error, cualquier interpretación adversa o cualquier sospecha puede convertirse en un problema mayor.
Así, el endurecimiento del régimen antilavado no es una herramienta contra el crimen organizado, sino una estrategia de control sobre la ciudadanía, donde el pequeño y mediano contribuyente deja de ser un actor económico y se convierte en un sujeto permanentemente vigilado, confirmando que, detrás del discurso de seguridad, lo que realmente se está construyendo es un modelo en el que el poder no se limita, se expande, y lo hace precisamente sobre quienes menos margen tienen para defenderse.
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