En México, el conflicto de interés ya no es una anomalía que se intenta ocultar: es una práctica que se ejerce con naturalidad desde el poder. Lo que antes implicaba al menos un esfuerzo por guardar las formas, hoy se presenta sin pudor, incluso desde el máximo tribunal del país.
El caso de Lenia Batres Guadarrama lo ilustra con claridad incómoda. Su reciente actuación no solo cuestiona su imparcialidad como ministra, sino que exhibe una lógica cada vez más arraigada: cuando los intereses familiares entran en juego, la ley deja de ser un límite y se convierte en instrumento.
No se trata de un asunto menor ni de una discusión técnica. La resolución que impulsó tiene efectos directos sobre la situación de su hermano, Martí Batres, quien enfrenta un adeudo de más de 5 mil millones de pesos con la Ciudad de México. En cualquier sistema institucional con estándares mínimos de ética pública, un vínculo de esta naturaleza bastaría para obligar a la recusación inmediata. Aquí ocurrió lo contrario: se participó, se empujó y se resolvió.
Lo más preocupante no es únicamente el fondo, sino la forma. Hubo advertencias, llamados a la prudencia y solicitudes de aplazamiento, incluso desde actores cercanos en lo político. Nada de eso importó. La decisión de avanzar no parece responder a un criterio jurídico sólido, sino a un cálculo claro: aprovechar la posición para incidir en un asunto con implicaciones familiares directas.
Cuando una ministra ignora deliberadamente la obligación de excusarse, no solo compromete su propia integridad, compromete la credibilidad de toda la institución. La imparcialidad deja de ser un principio rector y pasa a ser un obstáculo que se esquiva.
El problema de fondo ya ni siquiera es debatible. El conflicto de interés está ahí, expuesto. Lo verdaderamente grave es su normalización. La familia Batres no solo ocupa espacios de poder, sino que empieza a evidenciar una forma de ejercerlo: utilizar las posiciones públicas para influir en decisiones que impactan su propio entorno.
El daño trasciende lo político. Cuando desde la Suprema Corte se envía el mensaje de que las reglas pueden doblarse en función del apellido, la confianza en la justicia se erosiona. Porque si quienes deben garantizar la ley deciden no aplicarla a sí mismos, entonces la ley deja de ser un piso común y se convierte en una herramienta selectiva.
Al final, la conclusión es incómoda pero evidente: en ciertos espacios del poder en México, la justicia no se imparte con neutralidad, se administra con familiaridad. Y cuando eso ocurre, la institución no solo pierde credibilidad; pierde razón de ser.
Deja una respuesta