En Palacio Nacional no hay silencio, sino un ruido constante que no proviene de la oposición ni de los medios críticos, sino del propio interior del gobierno, donde la comunicación de la presidenta Claudia Sheinbaum, que debería operar como una estructura cohesionada y estratégica, comienza a mostrar signos evidentes de fractura, desorden y disputa interna.
Lo que antes funcionaba como una maquinaria disciplinada heredada del obradorismo, hoy parece más un terreno en disputa en el que distintos grupos buscan imponer su visión, su narrativa y, en última instancia, su control sobre la forma en que el poder se comunica y se proyecta hacia el exterior, generando un escenario en el que el mensaje institucional pierde claridad, consistencia y dirección.
En este contexto, resulta imposible ignorar la persistencia del grupo encabezado por Jesús Ramírez Cuevas, que continúa operando bajo la lógica de un modelo que privilegia la lealtad sobre la eficacia, la repetición sobre la innovación y el control de voces afines sobre la apertura a un entorno mediático mucho más complejo, dinámico y difícil de contener que el que existía durante el sexenio anterior, lo que provoca que su estrategia, lejos de consolidar el mensaje presidencial, lo encierre en una burbuja cada vez menos eficaz fuera de sus propios circuitos.
Al mismo tiempo, existe un segundo bloque que intenta, con limitaciones evidentes, ajustar la comunicación hacia un esquema más pragmático, en el que se privilegie la interlocución con distintos actores mediáticos y se reduzca la confrontación innecesaria, aunque este esfuerzo suele verse neutralizado por la resistencia del aparato más duro, que no solo conserva posiciones clave, sino que mantiene el control de los espacios más relevantes de difusión, particularmente aquellos desde donde se define la agenda pública cotidiana.
A este escenario se suma un tercer grupo, integrado por operadores y perfiles técnicos que buscan introducir criterios más ordenados y medibles en la estrategia comunicativa, pero cuya influencia resulta insuficiente para corregir una dinámica que está determinada, principalmente, por intereses políticos internos y no por una lógica institucional coherente.
El resultado de esta fragmentación no es difícil de identificar, ya que se traduce en mensajes contradictorios, cambios de narrativa que carecen de continuidad, filtraciones que evidencian tensiones internas y una sensación generalizada de desorden que comienza a proyectarse más allá del ámbito comunicativo, afectando la percepción de control y liderazgo que debería emanar desde la figura presidencial.
Lo verdaderamente preocupante no radica únicamente en la existencia de estas diferencias, que en cualquier gobierno pueden ser naturales, sino en el hecho de que la comunicación ha dejado de funcionar como una herramienta de articulación del poder para convertirse en un espacio de disputa entre facciones, donde cada grupo impulsa su propia agenda sin que exista una línea clara que unifique y dé sentido al conjunto.
En ese contexto, la narrativa gubernamental deja de ser una construcción estratégica y se convierte en una reacción constante frente a las tensiones internas y externas, lo que debilita su capacidad de imponer agenda, de marcar prioridades y de sostener una posición firme frente a la opinión pública.
Cabe entonces plantear si esta fragmentación responde a un error en la transición del poder o si, por el contrario, forma parte de un método deliberado de operación política basado en el equilibrio de fuerzas internas, una práctica que históricamente ha sido utilizada para evitar la concentración de poder, pero que, en este caso, parece estar generando un costo significativo en términos de claridad, coherencia y efectividad comunicativa.
Porque, en política, la comunicación no admite vacíos ni ambigüedades prolongadas, y cuando un gobierno no logra articular una voz clara y consistente, lo que emerge no es pluralidad, sino confusión, y la confusión, inevitablemente, erosiona la autoridad.
La cuestión de fondo, por tanto, no es si existen diferencias dentro del aparato de comunicación, sino hasta qué punto estas disputas internas están debilitando la capacidad del gobierno para proyectar una narrativa sólida, creíble y coherente, y cuánto tiempo puede sostenerse una administración cuya voz, lejos de consolidarse, parece fragmentarse cada vez más.
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