Hay países que discuten reformas electorales porque su democracia está rota, porque las elecciones son una farsa o porque el sistema no permite la competencia política; México, con todos sus defectos, no está en esa situación, y por eso resulta difícil entender por qué de pronto la conversación pública se quiere concentrar en cambiar las reglas del juego cuando el país enfrenta problemas infinitamente más graves que ningún rediseño electoral va a resolver.
Durante décadas México fue construyendo un sistema electoral que, con imperfecciones y todo, logró algo que durante gran parte del siglo XX parecía imposible: que el poder pudiera cambiar de manos sin crisis políticas mayores, sin rupturas institucionales y sin que cada elección terminara convertida en una disputa de legitimidad permanente. Ese sistema no surgió por inspiración de un solo gobierno ni por generosidad de una clase política particularmente virtuosa, sino por presión social, por reformas acumuladas y por la necesidad histórica de generar reglas mínimas de competencia que evitaran que el país siguiera atrapado en la lógica de un partido dominante.
Hoy ese sistema funciona lo suficiente para que existan elecciones competidas, alternancias políticas y congresos plurales, lo cual explica que muchos observen con desconcierto que en medio de un país golpeado por la violencia del narcotráfico, con regiones enteras donde la presencia del crimen organizado es una realidad cotidiana, con miles de homicidios al año y con familias enteras viviendo bajo la sombra de la extorsión o el desplazamiento forzado, la discusión política se concentre en modificar reglas electorales que no representan, ni de lejos, el problema central de la nación.
La vida cotidiana de millones de mexicanos está marcada por preocupaciones mucho más inmediatas que cualquier reforma electoral: la seguridad en sus comunidades, la estabilidad económica de sus negocios, la posibilidad de que sus hijos crezcan en un entorno donde el Estado realmente imponga la ley; frente a esa realidad, resulta inevitable preguntarse si dedicar la energía política del país a rediseñar el sistema electoral responde a una necesidad genuina del país o si más bien se trata de una agenda política que busca producir impacto mediático y capital político sin tocar los problemas estructurales que realmente definen la crisis nacional.
México, además, se mueve dentro de un entorno económico y geopolítico particularmente sensible, donde la estabilidad institucional y la previsibilidad jurídica son factores determinantes para la inversión y el crecimiento económico, por lo que introducir incertidumbre en el funcionamiento de las instituciones electorales —aunque sea en nombre de una reforma— inevitablemente envía señales de cautela hacia quienes toman decisiones de inversión, y esa cautela suele traducirse en proyectos pospuestos, capital que espera y empleos que tardan en aparecer.
Nadie sostiene seriamente que el sistema electoral mexicano sea perfecto, porque ninguna democracia lo es, pero sí ha demostrado ser suficientemente sólido para garantizar competencia política, alternancia en el poder y gobernabilidad institucional durante décadas, lo que vuelve difícil justificar una reforma de gran calado impulsada sin un consenso amplio de la sociedad y sin una demanda social clara que la respalde.
En un país donde el narcotráfico controla territorios, donde la violencia sigue marcando la agenda pública y donde la economía requiere certidumbre para crecer, presentar una reforma electoral como prioridad nacional comienza a parecer menos una respuesta a un problema real y más un gesto político con tintes populistas que busca ocupar el debate público mientras los desafíos verdaderamente urgentes continúan esperando soluciones.
México necesita instituciones que funcionen, seguridad para sus ciudadanos y un Estado de derecho que se haga sentir en cada rincón del territorio, y ninguna de esas tareas depende de cambiar las reglas electorales que, con todas sus limitaciones, han permitido que la vida democrática del país transcurra con estabilidad durante las últimas décadas; por eso, insistir en una reforma electoral en este momento no parece una respuesta a las necesidades del país, sino una distracción política en un momento en el que México debería estar concentrando toda su atención en problemas mucho más graves.
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