Dicen que el tiempo lo cura todo, pero en la política mexicana, el tiempo a menudo solo sirve para acumular polvo sobre los expedientes que incomodan al poder. Este mes de marzo, mientras el calendario marca ya una década desde que se gestaron aquellas operaciones, es preciso sacudir el archivo y recordar un nombre que quedó grabado en el historial de la simulación fiscal: Benefak SA de CV.
Corría el año 2016. El movimiento que hoy cumple su segundo periodo en el tablero nacional buscaba consolidarse, y para ello, el periódico Regeneración era la punta de lanza ideológica. Sin embargo, detrás de la tinta y el papel de la edición en Tabasco, se escondía una estructura que el SAT, tras una investigación exhaustiva, calificaría años después como «empresa fantasma».
La anatomía de un engaño
Lo que hace este caso particularmente emblemático no es solo el monto —que el oficialismo insistió en reducir a 58 mil pesos frente a los millones señalados por la prensa— sino la metodología del despojo.
La investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) nos reveló el rostro humano de la corrupción estructural: Donají Corrales Ramírez. Mientras en las actas notariales de Puebla figuraba como una empresaria capaz de facturar 70 millones de pesos anuales, en la realidad de la Cañada de Oaxaca, Donají sobrevivía vendiendo dulces y productos por catálogo, habitando una casa de lámina y cartón.
Fue el uso sistemático de la pobreza para encubrir la riqueza de origen opaco. A Donají le robaron la identidad, posiblemente a través de los padrones de programas sociales, para convertirla en la «dueña» de una empresa que le daba servicios de impresión a Morena, a pesar de que su objeto social estaba centrado en maquinaria pesada y construcción.
El reconocimiento y el silencio
No podemos olvidar que el propio Jesús Ramírez Cuevas, actual vocero presidencial y entonces editor de Regeneración, fue quien validó la existencia de Benefak. En junio de 2018, en un intento por «desmentir» al diario Reforma, publicó orgulloso en Twitter la factura y el cheque. Ramírez Cuevas no solo conocía la transacción; la usó como escudo, ignorando —o decidiendo ignorar— que su proveedor era una entidad inexistente, sin activos, sin personal y sin infraestructura.
A pesar de que el SAT incluyó a Benefak en su «lista negra» definitiva el 16 de abril de 2020, y de que se presentaron múltiples exhortos ante la FGR y la SFP (el último de gran peso en agosto de 2023), la maquinaria del Estado optó por el archivo y el olvido.
¿Por qué recordarlo hoy?
En este 2026, la pregunta sigue siendo la misma: ¿A qué le temen? La persistencia en bloquear los puntos de acuerdo en el Senado y la negativa de las autoridades fiscales y penales para investigar a fondo la relación entre los altos mandos de la comunicación oficial y estas empresas «fachada» solo refuerzan una tesis: la corrupción no se barrió de arriba hacia abajo; simplemente cambió de escoba.
Recordar el caso Benefak es recordar que la transparencia no es una concesión del poder, sino un derecho ciudadano que no caduca con el paso de los años. Si permitimos que el caso de la «dueña» oaxaqueña que no sabía que era millonaria quede en el olvido, estaremos aceptando que, en México, el privilegio de la impunidad sigue siendo la moneda de cambio más valiosa.
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