El registro obligatorio de líneas móviles impulsado por el Gobierno y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) enfrenta cuestionamientos dentro de la industria que considera que la medida generó costos operativos elevados sin garantizar que no habrán vulnerabilidades de seguridad digital.
“Más allá del impacto regulatorio, el conflicto está comenzando a tensar la relación entre autoridades y operadores, quienes ya consideran que el gobierno está trasladando costos, riesgos operativos y desgaste reputacional a la industria sin ofrecer garantías de efectividad en materia de seguridad pública”, consideró Ernesto Piedras, director general en The CIU.
Mony De Swaan Addati, presidente de la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC) que agrupa a poco más de 20 prestadores de este servicio recordó que en el primer trimestre los operadores registraron una desaceleración en la incorporación de nuevos usuarios.
“Yo tiraría el registro a la basura, así como está planteado no lo seguiría. El registro tal y como está tiene huecos por demasiados lados para que termine siendo un mecanismo eficiente y al mismo tiempo están dañando al ecosistema de telecomunicaciones móviles”, advirtió
La principal alarma de la industria es que el esquema no incorporó datos biométricos, lo que debilita la validación de identidad. En el modelo vigente, la única verificación es una selfie o foto para los registros remotos, mientras que para trámites presenciales basta con presentar una identificaión y el CURP, eliminando el único elemento que permitiría validar la identidad.
“En el momento en que esto se convierte en una decisión política y no de política pública técnica, estamos abriendo un boquete a la seguridad”, añadió el expresidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
La industria considera que el gobierno ignora las advertencias técnicas y avanzó con un esquema que amenaza con generar daños económicos particularmente entre Operadores Móviles Virtuales, que dependen de procesos ágiles y clientes de prepago con alta rotación.
El registro obligatorio les costará a los operadores más de 4 mil millones de pesos; el mayor gasto proviene de la validación de identidad de los usuarios, proceso que implica desarrollar plataformas tecnológicas, sistemas de consulta, mecanismos de autenticación y almacenamiento seguro de información para más de 160 millones de líneas móviles.
Según los reportes de la CRT, alrededor de 22 millones de pesos serán sólo para la plataforma central, mientras que más de 4 mil millones de pesos recaerían directamente en operadores como Telcel, AT&T, Telefónica y Altán Redes, además de los OMV, que tendrán que contratar servicios mayoristas para cumplir con la regulación.
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