En medio de una economía estancada y finanzas públicas cada vez más presionadas, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha tomado una decisión que revela prioridades inquietantes: recortar recursos en salud, seguridad e inversión productiva mientras mantiene intactos —e incluso privilegiados— los programas sociales que le garantizan control político y rentabilidad electoral.
El diagnóstico es claro. Según el estudio de México Evalúa, en 2025 el gobierno destinó casi el 10% de sus ingresos tributarios únicamente a pensiones asistenciales, triplicando la proporción de años anteriores. Este gasto rígido crece mientras se debilitan áreas críticas que literalmente sostienen la vida y la seguridad de los ciudadanos.
El problema no es solo financiero, es moral y estratégico. En un país que enfrenta una crisis de violencia persistente, el gasto en seguridad y justicia se redujo, ubicándose incluso por debajo de niveles de hace casi una década. Al mismo tiempo, el gasto en salud también fue recortado, en un contexto donde millones dependen del sistema público para sobrevivir.
La consecuencia es directa: menos inversión en infraestructura, menos capacidad del Estado para garantizar orden, menos acceso a servicios básicos. Pero más dinero para sostener una estructura de transferencias que asegura lealtades políticas.
El costo de esta decisión no es abstracto. Se mide en hospitales sin recursos, en policías mal financiadas, en ciudades donde la percepción de inseguridad crece. Se mide en vidas. Porque cuando el Estado decide retirar recursos de seguridad y salud en un país violento, no está haciendo un ajuste técnico: está asumiendo que el deterioro social es un daño aceptable.
El propio informe advierte que la inversión pública cayó más de 28%, alcanzando su nivel más bajo en casi dos décadas. Esto no solo compromete el crecimiento futuro, sino que debilita la capacidad del país para generar bienestar sostenible. Es pan para hoy, crisis para mañana.
Mientras tanto, la deuda crece, el costo financiero se dispara y cada vez más recursos se destinan a cubrir compromisos inerciales en lugar de construir futuro. El margen de maniobra del Estado se reduce, pero la prioridad política se mantiene intacta.
El mensaje implícito es contundente: el gobierno está dispuesto a debilitar las bases del país con tal de preservar su capital político. Y en ese cálculo, los mexicanos quedan expuestos.
Porque cuando se recorta seguridad en un país violento, cuando se reduce inversión en un país que no crece, cuando se debilita la salud pública en un país vulnerable, la conclusión es inevitable: el poder decidió qué es prescindible… y eso incluye a los ciudadanos.
Deja una respuesta