El gobierno presume 700 mil viviendas contratadas para 2026. Pero contratar no es construir, inaugurar no es entregar y entregar no basta si las casas están lejos de los servicios. La diferencia entre el anuncio y la realidad debe poder comprobarse.
El Plan Nacional de Vivienda tiene una cifra para presumir: 700 mil viviendas contratadas al cierre de 2026. La pregunta es más sencilla y más incómoda: ¿cuántas están terminadas, cuántas fueron entregadas y cuántas pueden habitarse dignamente?
Porque una meta anunciada no es una casa. Y una ceremonia de inauguración tampoco demuestra, por sí sola, que una familia recibió una vivienda con agua, transporte, escuelas y servicios cerca.
La presidenta Claudia Sheinbaum escucha los reportes de las dependencias responsables, entre ellas el Infonavit y la Conavi. Si esos informes cuentan contratos, obras iniciadas o eventos públicos como si fueran viviendas listas para habitar, la información que llega al gobierno podría pintar un avance mayor al que existe en los hechos. ¿Quién verifica que las cifras coincidan con lo que encuentran las familias?
Puebla ofrece un ejemplo que merece una revisión pública. De acuerdo con los señalamientos sobre algunos desarrollos, hay casas en zonas tan alejadas y con tan pocos servicios que resultan inhabitables en la práctica. También se menciona otro conjunto en San Miguel. Más allá de los actos oficiales, hace falta saber cuántas viviendas están concluidas, quién las ocupa y qué servicios tienen alrededor.
No basta con decir que las casas existen. Una vivienda sin acceso razonable al transporte, al agua o al trabajo puede convertirse en una carga para quien debía beneficiarse del programa. Si el gobierno sostiene que los desarrollos cumplen, debería publicar sus ubicaciones, el avance físico, las fechas de entrega y las condiciones de servicios, y permitir que esa información se contraste en campo.
La urgencia de construir vivienda social es real. En México, el precio promedio de una vivienda llegó a 1 millón 960 mil pesos al cierre del primer semestre de 2026, después de subir 7.9 por ciento anual. La vivienda económica y social aumentó 10 por ciento. En la Ciudad de México, el promedio fue de 4 millones 285 mil pesos.
Para la mayoría, comprar en el mercado implica reunir un enganche y gastos iniciales que rondan el medio millón de pesos, además de demostrar ingresos mensuales que pueden superar los 30 mil pesos. En la capital, el requisito puede rebasar los 130 mil. Por eso el programa público importa: puede abrir una puerta que el mercado mantiene cerrada.
Pero los números del propio plan también muestran sus límites. El programa se dirige a derechohabientes que ganan entre uno y dos salarios mínimos. Según los datos reportados, 88 por ciento de las viviendas asignadas fue para trabajadores con ingresos de entre uno y 1.5 salarios mínimos. Es una población que necesita apoyo urgente. Sin embargo, queda una franja amplia de personas que gana más de dos salarios mínimos y no alcanza los requisitos bancarios: demasiado arriba para el subsidio y demasiado abajo para comprar en el mercado.
La política pública no puede evaluarse solo por el tamaño de la meta. Debe medirse por las viviendas terminadas, habitables y entregadas a las familias a las que se prometieron. Si los 700 mil contratos se presentan como 700 mil casas disponibles, el gobierno debe aclarar la diferencia. Si los reportes de Infonavit y Conavi no reflejan lo que ocurre en Puebla y en otros estados, hay que corregirlos y explicar por qué.
No hace falta concluir de antemano que alguien engaña a la presidenta. Hace falta que el gobierno demuestre que no la están engañando: con un padrón verificable, avances por localidad y una inspección independiente de los conjuntos que ya se anuncian como terminados.
La crisis de vivienda no se resuelve con cifras de conferencia ni con fotografías de inauguraciones. Se resuelve cuando una familia recibe una casa que puede pagar y habitar sin quedar aislada. La pregunta para Sheinbaum es si sus informes miden ese resultado o solo cuentan promesas.
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