Azteca Noticias siguió la pista de Jorge Amílcar Olán hasta Lugano, Suiza. Su investigación especial afirma haberlo localizado en una residencia conocida como la Casa Roja, un inmueble de lujo desde el que el empresario tabasqueño vuelve a quedar en el centro de una historia que la Fiscalía General de la República todavía no ha explicado con claridad.
El reportaje documenta además un enfrentamiento en el que, según el equipo periodístico, Olán golpeó a un camarógrafo. Si ocurrió como lo denuncian los periodistas, la agresión debe investigarse. Pero el episodio en Lugano abre una pregunta más amplia: ¿qué pasó con las investigaciones que, de acuerdo con la propia presidenta Claudia Sheinbaum, estaban abiertas sobre los negocios de Olán?
Hace apenas unas semanas, la fiscal general Ernestina Godoy negó que existieran órdenes de aprehensión contra Olán y contra Andy López Beltrán. La respuesta puede ser cierta y, al mismo tiempo, resultar insuficiente. Nadie le está preguntando únicamente si hay una orden de captura. Se le pregunta si la FGR revisó los contratos señalados, si siguió la ruta del dinero, si identificó a los beneficiarios y si encontró elementos para investigar un posible uso de influencias.
Olán no es un empresario desconocido que apareció de pronto en Suiza. Investigaciones periodísticas lo han relacionado con negocios de medicamentos y con el suministro de balasto para proyectos ferroviarios del gobierno anterior. En grabaciones difundidas previamente habla de esos negocios y presume su cercanía con Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Ser amigo de ellos no constituye un delito. Tampoco basta una grabación, por sí sola, para acreditar tráfico de influencias. Pero la cercanía con una familia que ocupó la cúspide del poder obliga a hacer preguntas que la Fiscalía debería poder responder: ¿cómo se adjudicaron esos contratos?, ¿quién tomó las decisiones?, ¿qué empresas recibieron el dinero público? y ¿se investigó si alguien obtuvo ventajas gracias a sus relaciones personales?
Hay otro señalamiento que exige precisión. Desde 2025 circula una versión periodística sobre una presunta transferencia de 3 mil millones de pesos a una cuenta en Suiza relacionada con Olán. Hasta ahora no se ha presentado públicamente documentación suficiente para darla por probada ni para establecer el origen de esos recursos. La FGR debe decir si verificó esa versión, qué encontró y si existe alguna relación con los contratos cuestionados. Una cifra de ese tamaño no puede convertirse en condena por rumor, pero tampoco desaparecer de la conversación porque la autoridad guarde silencio.
La aparición de Olán en Lugano no prueba que esté huyendo de la justicia. Vivir en Suiza no es un delito; cambiar de apariencia o usar una forma abreviada del nombre tampoco lo es. Lo que sí resulta difícil de justificar es la falta de una explicación pública consistente. Si Sheinbaum habló de investigaciones administrativas y penales, Godoy debe aclarar cuál es su estado y qué hechos concretos se han revisado.
La Fiscalía tiene la obligación de proteger las diligencias que sigan abiertas. Eso no le impide informar si investigó los contratos, si examinó a sus beneficiarios y si verificó los señalamientos financieros. Mucho menos le impide aclarar por qué sus respuestas públicas han dejado más dudas que certezas.
Azteca Noticias dice haber encontrado al empresario en la Casa Roja. Ahora corresponde a la FGR responder dónde están los resultados de las investigaciones anunciadas. Porque localizar a Olán resuelve una incógnita; explicar sus negocios y el alcance de sus relaciones con el poder sigue siendo la cuenta pendiente de Ernestina Godoy.
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