El poder y la máscara de la verdad
La censura nunca dice su nombre.
No se presenta como prohibición, sino como cuidado; no llega con el rostro severo del autoritarismo, sino con la máscara benévola de la protección. Habla de derechos, de responsabilidad, de audiencias. Pronuncia palabras nobles para ocultar una intención menos noble: decidir cuáles voces merecen ser escuchadas y cuáles deben reducirse al silencio.
El gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias buscan combatir la desinformación y proteger a la ciudadanía. La explicación parece razonable. También lo parecen, al principio, todas las tentaciones autoritarias.
El problema no está solamente en lo que los lineamientos dicen, sino en el poder que crean. Un poder que observa, interpreta, califica y, finalmente, castiga. Un poder que puede establecer qué información es falsa, qué contexto resulta suficiente y qué opinión ha cruzado los límites de lo permitido.
La verdad, sin embargo, no nace de un decreto.
Tampoco puede encerrarse en una oficina, someterse a un reglamento o confiarse a una burocracia. La verdad pública surge del conflicto entre versiones, del contraste de los hechos, de la crítica, de la duda y, en ocasiones, del error. Es una construcción colectiva e imperfecta. Cuando una autoridad pretende administrarla, la verdad deja de ser búsqueda y se convierte en doctrina.
Por eso resulta significativo que el rechazo a estos lineamientos ya no provenga únicamente de periodistas o medios de comunicación. Jueces, magistrados, radiodifusores y organizaciones defensoras de la libertad de expresión han comenzado a advertir que bajo el lenguaje de la protección podría instalarse una estructura de vigilancia y control.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, JUFED, ha señalado que regular las pautas editoriales y operativas de los medios puede vulnerar directamente la libertad de expresión y abrir la puerta a formas indirectas de censura institucionalizada.
La advertencia merece ser escuchada.
La censura moderna rara vez necesita clausurar una estación de radio o irrumpir en la redacción de un periódico. Le basta con crear incertidumbre. Le basta con imponer obligaciones ambiguas, procedimientos interminables y sanciones posibles. Allí donde el periodista comienza a preguntarse qué interpretación hará la autoridad de sus palabras, ya ha comenzado la autocensura.
El silencio no siempre es impuesto desde afuera. A veces se instala lentamente en la conciencia de quien teme hablar.
La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión también ha advertido sobre la discrecionalidad, las sanciones fuera de la ley y la posible regresión democrática contenida en el proyecto.
ARTICLE 19, por su parte, ha recordado una verdad elemental: los derechos de las audiencias no pueden transformarse en mecanismos de censura previa. Las expresiones polémicas, incómodas o incluso equivocadas deben enfrentarse mediante el debate, la réplica y la confrontación pública, no mediante la intervención de un organismo con facultades para decidir qué puede difundirse.
Una sociedad libre no es aquella en la que nadie se equivoca. Es aquella en la que ningún poder posee el monopolio de corregir a todos.
La libertad de expresión protege las palabras sensatas, pero también las palabras torpes; protege las verdades comprobadas, pero también las hipótesis y las opiniones. No porque todo discurso tenga el mismo valor, sino porque conceder al gobierno la facultad de separar administrativamente la verdad del error supone un peligro mayor que el error mismo.
Los lineamientos contemplan responsabilidades relacionadas con la difusión de información considerada “falsa” o “descontextualizada”, fortalecen la intervención de las defensorías de las audiencias y abren la puerta a sanciones contra los concesionarios.
Pero ¿qué significa descontextualizar?
Todo discurso selecciona. Toda narración ordena los hechos. Toda noticia deja algo fuera. El contexto absoluto no existe. Exigirlo puede convertirse en una forma sofisticada de impedir cualquier crítica, pues siempre será posible acusar a quien habla de haber omitido una circunstancia, una explicación o una versión oficial.
La palabra “descontextualizado” puede ser una advertencia razonable o un instrumento de persecución. Todo depende de quién la interprete y de cuánto poder tenga para imponer su interpretación.
El gobierno sostiene que no busca censurar y que la propuesta aún puede modificarse durante la consulta pública. Pero una consulta no resuelve por sí misma la contradicción central: el Estado quiere proteger la libertad creando un aparato capaz de limitarla.
La pregunta permanece intacta: ¿quién vigilará al vigilante?
¿Quién impedirá que el organismo encargado de defender a las audiencias termine defendiendo al gobierno de sus críticos?
El contexto político vuelve estas dudas todavía más graves. Durante años, el oficialismo ha tratado a la prensa crítica no como un contrapeso democrático, sino como un adversario político. Periodistas y medios han sido descalificados desde el poder, exhibidos públicamente y acusados de actuar contra el pueblo cuando sus investigaciones contradicen la narrativa gubernamental.
En ese ambiente, entregar nuevas facultades de supervisión y sanción no es un asunto técnico. Es un acto político.
La defensa de las audiencias es legítima. Los ciudadanos tienen derecho a recibir información plural, a distinguir entre hechos y opiniones, a exigir rectificaciones y a conocer los intereses económicos de los medios.
Pero proteger a una audiencia no significa pensar por ella.
La democracia parte de una confianza esencial: la confianza en la capacidad de los ciudadanos para escuchar, comparar, dudar y elegir. Cuando el gobierno decide filtrar la realidad en nombre de quienes la reciben, la protección se convierte en tutela y la tutela, tarde o temprano, en dominio.
El autoritarismo no comienza necesariamente con la supresión abierta de la palabra. Comienza con su clasificación. Hay voces responsables y voces peligrosas; información adecuada e información inconveniente; medios legítimos y medios enemigos. Después de dividir el lenguaje, el poder divide a la sociedad.
El camino es conocido.
Primero se desacredita a quien critica. Después se convierte la crítica en sospecha. Más tarde, la sospecha se traduce en reglamentos. Finalmente, el reglamento se transforma en castigo.
La libertad de expresión no necesita un árbitro designado por el gobierno. Necesita límites al gobierno.
Necesita leyes que protejan al ciudadano frente al poder, no al poder frente a las palabras del ciudadano. Necesita una prensa capaz de equivocarse, rectificar, investigar y confrontar sin sentir detrás de cada frase la respiración de una autoridad administrativa.
Una democracia no se define por las palabras que tolera cuando le resultan favorables, sino por aquellas que acepta cuando la incomodan.
Sin pluralidad, los derechos de las audiencias se convierten en una fórmula vacía. Sin crítica, la información degenera en propaganda. Sin libertad de prensa, la verdad pública queda reducida a la versión de quien gobierna.
Cuando el poder aspira a decidir qué es verdad, ya no busca gobernar solamente los actos de los ciudadanos.
Busca gobernar también su imaginación.
Y una República comienza a perderse cuando el gobierno no se conforma con administrar el presente, sino que pretende administrar las palabras con las que ese presente será contado.
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