Después de colonizar el Congreso, debilitar los contrapesos judiciales y transformar al árbitro electoral, la Cuarta Transformación avanza ahora sobre otro territorio decisivo: el de la conversación pública.
Primero fueron las instituciones. Ahora podría ser la palabra.
El gobierno de la Cuarta Transformación ha insistido en que su proyecto representa una ampliación de derechos y una defensa de las audiencias. Sin embargo, detrás de ese discurso comienza a crecer una preocupación legítima: que las nuevas reglas para la radio y la televisión terminen convertidas en un mecanismo de vigilancia, presión económica y disciplinamiento editorial.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió una consulta pública, del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, sobre los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. La propuesta se presenta como una herramienta para garantizar que los ciudadanos puedan distinguir entre información, opinión y publicidad, así como recibir contenidos considerados veraces y oportunos.
En el papel, esos objetivos parecen razonables. El problema comienza cuando se pregunta quién definirá qué información cumple con esos criterios, quién resolverá las controversias y qué autoridad tendrá la facultad de sancionar a los medios que supuestamente se aparten de los lineamientos.
Porque una cosa es proteger a las audiencias y otra muy distinta colocar sobre las redacciones la sombra permanente del castigo.
Los concesionarios de radio y televisión tendrían que elaborar códigos de ética, nombrar defensores de las audiencias y atender procedimientos que podrían terminar bajo la intervención de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. El riesgo no está solamente en la existencia de reglas, sino en la posibilidad de que una autoridad integrada bajo el nuevo diseño institucional del oficialismo decida cuándo una televisora informó correctamente y cuándo merece una sanción.
La libertad de expresión rara vez desaparece de un solo golpe. Primero se le colocan trámites. Después, supervisores. Más tarde, interpretaciones obligatorias. Finalmente, llegan las multas.
EL ENEMIGO INCÓMODO
La discusión tampoco ocurre en el vacío.
Durante los últimos meses, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido una confrontación abierta con TV Azteca y con su propietario, Ricardo Salinas Pliego. El 25 de mayo, desde la conferencia presidencial, la mandataria pidió públicamente: “No vean TV Azteca”, al acusar a la televisora de difundir mentiras y de participar en una campaña política contra su gobierno. Un día después rechazó que sus palabras constituyeran censura y sostuvo que se trataba solamente de una opinión.
Pero cuando quien pide dejar de ver un medio de comunicación no es una ciudadana cualquiera, sino la titular del Poder Ejecutivo, la frontera entre una opinión personal y una advertencia desde el poder se vuelve peligrosamente delgada.
El mensaje es inevitable: al gobierno no le gusta la crítica de TV Azteca.
Y justo cuando esa confrontación escala, aparece una regulación que podría otorgar a una autoridad pública mayores herramientas para vigilar, corregir y eventualmente sancionar a las televisoras. No existe hasta ahora evidencia de que los lineamientos hayan sido diseñados específicamente para retirar una concesión a TV Azteca; afirmarlo como un hecho sería incorrecto. Sin embargo, la coincidencia política obliga a examinar la propuesta con lupa.
Las leyes no solamente deben juzgarse por las intenciones declaradas de quienes las impulsan. También deben analizarse por la forma en que podrían ser utilizadas contra los adversarios.
Hoy puede ser TV Azteca. Mañana, cualquier estación de radio, periodista o concesionario que incomode al gobierno.
UNA VIEJA TENTACIÓN DEL PODER
México conoce bien la relación conflictiva entre los gobiernos y los medios electrónicos.
Desde la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, pasando por la llamada “Ley Televisa” de 2006 y las restricciones derivadas de posteriores reformas electorales, cada administración ha intentado influir —por vías legales, presupuestales o políticas— en la conversación pública.
La tentación no pertenece exclusivamente a un partido. Pertenece al poder.
La diferencia es que la Cuarta Transformación llega a esta discusión después de haber acumulado una influencia extraordinaria sobre el Congreso, de haber impulsado una reconfiguración profunda del Poder Judicial y de haber sustituido al Instituto Federal de Telecomunicaciones por un nuevo modelo regulatorio.
En ese contexto, pedir confianza ciega resulta insuficiente.
El gobierno sostiene que los derechos de las audiencias son derechos reconocidos constitucionalmente y que su regulación busca combatir abusos y desinformación. Ese argumento tiene fundamento: las frecuencias de radio y televisión utilizan un bien público y los concesionarios tienen responsabilidades frente a sus audiencias.
Pero proteger a la ciudadanía no exige convertir al gobierno en árbitro de la verdad.
La solución tampoco puede ser una autoridad capaz de castigar contenidos mediante conceptos tan interpretables como veracidad, oportunidad, diferenciación editorial o cumplimiento ético. Sin contrapesos independientes, esos principios pueden transformarse en instrumentos para domesticar noticieros.
LA CENSURA TAMBIÉN PUEDE LLEGAR EN FORMA DE MULTA
Una “ley mordaza” moderna no necesita ordenar que un periodista guarde silencio.
Le basta con establecer sanciones suficientemente altas para que el propio medio decida callarse.
Le basta con crear procedimientos prolongados, defensores sometidos a revisión, códigos supervisados y resoluciones administrativas capaces de afectar las finanzas o la operación de una concesionaria.
La censura más eficaz no siempre es la que prohíbe publicar. Es la que consigue que los medios calculen cuánto podría costarles hacerlo.
Ahí está el verdadero peligro de la propuesta: que el miedo a una sanción termine sustituyendo al criterio editorial.
En una democracia, los noticieros tienen derecho a equivocarse, ser cuestionados, recibir réplicas y enfrentar responsabilidades cuando difunden información ilegal o deliberadamente falsa. Pero ninguna autoridad vinculada al poder político debería contar con facultades ambiguas para decidir qué crítica es legítima y cuál merece castigo.
¿QUIÉN VIGILA AL VIGILANTE?
La pregunta fundamental no es si las audiencias merecen derechos. Por supuesto que los merecen.
La pregunta es quién administrará esos derechos y contra quién serán utilizados.
¿Podrá una televisora investigar negocios relacionados con integrantes del oficialismo sin enfrentar denuncias por falta de “veracidad”?
¿Podrá cuestionar decisiones presidenciales, contratos públicos, gobernadores, legisladores o jueces sin que una autoridad determine que no presentó la información de manera “oportuna” o “equilibrada”?
¿Quién seleccionará a los funcionarios encargados de resolver esas controversias?
¿Quién impedirá que las sanciones se apliquen con severidad contra los críticos y con indulgencia frente a los medios cercanos al gobierno?
Una regulación democrática debe proteger a las audiencias sin someter a los medios. Debe ofrecer mecanismos de réplica y corrección sin entregar al gobierno la facultad de imponer líneas editoriales. Y debe contar con una autoridad genuinamente independiente, no con un organismo vulnerable a las presiones de Palacio Nacional.
Hoy la consulta se concentra en radio y televisión. Las redes sociales y la prensa escrita no forman parte directa de estos lineamientos. Pero el precedente importa. Si el gobierno consigue normalizar la intervención administrativa sobre los contenidos informativos, mañana podría intentar extender esa lógica a otros espacios de expresión.
La libertad no suele perderse cuando aparece abiertamente un censor con tijeras. Se pierde cuando la sociedad acepta, poco a poco, que el gobierno supervise lo que puede decirse, cómo debe presentarse y cuánto costará disentir.
La Cuarta Transformación afirma que quiere proteger a las audiencias.
Pero después de concentrar poder, debilitar contrapesos y confrontar públicamente a medios críticos, tiene la obligación de demostrar que estos lineamientos no serán utilizados para proteger al gobierno de sus audiencias.
Porque el derecho ciudadano a recibir información no puede convertirse en el derecho del poder a decidir cuál información merece ser escuchada.
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