La llamada “Nueva Corte” resolvió recientemente un caso sobre el derecho humano al agua de una comunidad en pobreza extrema ubicada en el asentamiento irregular conocido como “Kilómetros”, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Se trató del amparo en revisión 544/2025, presentado por habitantes de la zona que denunciaron que las autoridades municipales y estatales no les garantizan acceso al agua potable, un servicio básico reconocido como derecho humano.
Paradójicamente, durante la discusión del caso quedó exhibido que algunos de los ministros cercanos a la llamada 4T —los mismos que suelen presentarse como “los ministros del pueblo”— terminaron votando en contra de medidas que beneficiarían directamente a una comunidad vulnerable.
El origen del caso
Los habitantes del asentamiento acudieron al amparo federal al considerar que el gobierno no ha cumplido con su obligación de garantizarles agua potable.
El juez de distrito inicialmente negó el amparo, argumentando que los solicitantes no lograron acreditar plenamente su residencia en el asentamiento, por lo que consideró que no tenían interés legítimo.
Ante esta decisión, los afectados impugnaron la resolución, llevando el asunto hasta la Suprema Corte.
El debate en la Corte
El proyecto fue presentado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, quien propuso:
- Revocar la sentencia del juez de distrito.
- Conceder el amparo a los habitantes, obligando a las autoridades responsables a garantizar el acceso al agua.
La propuesta incluía tres tipos de medidas:
Medidas inmediatas:
Garantizar una dotación diaria de agua por persona para los habitantes del asentamiento.
Medidas de mediano plazo:
Obligar a las juntas de agua municipal y estatal a instalar infraestructura intermedia, como depósitos de almacenamiento masivo, para asegurar una distribución adecuada.
Medidas definitivas:
Declarar el asentamiento “Zona de Atención Prioritaria”, para garantizar recursos públicos hasta que se resolviera de forma permanente el acceso al agua.
Cuando el “bloque del pueblo” vota contra el pueblo
La discusión tomó un giro tenso cuando Lenia Batres intervino de forma confrontativa contra el proyecto, cuestionando varios puntos del mismo.
A ella se sumaron Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa y María Estela Ríos, conformando un bloque que votó en contra de las medidas de mediano plazo.
En términos simples, lo que planteaban era no obligar a las autoridades a implementar infraestructura que garantizara el derecho al agua de la comunidad “Kilómetros”, una población integrada mayoritariamente por personas en condiciones de pobreza extrema.
Es decir, los llamados “ministros del pueblo” votaron para evitar que se creara un programa que asegurara agua para una de las comunidades más vulnerables.
La votación
El presidente de la sesión dividió la votación en tres partes:
- La resolución en lo general.
- Los efectos del amparo.
- La permanencia del párrafo 160, que declaraba la zona como prioritaria.
En la votación sobre las medidas de mediano plazo, el bloque de cuatro ministros fue derrotado:
5 votos a favor de garantizar la infraestructura
4 votos en contra
Sin embargo, en la discusión sobre el párrafo 160, que buscaba declarar el asentamiento como Zona de Atención Prioritaria, la mayoría decidió eliminarlo.
Solo Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y el propio ministro Aguilar votaron por mantenerlo.
La pregunta incómoda
La eliminación de ese párrafo deja una duda importante:
¿Se está dejando sin protección plena a una comunidad en pobreza extrema mientras se implementan las medidas inmediatas?
Y sobre todo, surge una pregunta política inevitable:
Si algunos ministros se presentan constantemente como “defensores del pueblo”,
¿por qué votaron contra medidas que buscaban garantizar agua para una comunidad pobre?
Porque en los hechos, cuando llegó la hora de decidir, algunos de los llamados ministros de la 4T parecieron olvidar exactamente a qué “pueblo” dicen representar.
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